Incluir y privatizar: dos verbos que juntos, no se pueden conjugar

Al menos no en lo que al ejercicio pleno del Derecho a la Educación se refiere. Si quien está leyendo estas líneas se da unos minutos adicionales y busca las noticias relacionadas con educación del día de hoy, y de ellas, las que mencionan los temas de inclusión y privatización de le educación, podrá comprobarlo sin necesidad de terminar de leer estas líneas. Igual las escribiré por si acaso no tiene el tiempo para buscar. En un instante he encontrado tres ejemplos para corroborar la hipótesis/título de este artículo.

El primero llega de Nepal. Un reciente informe paralelo, elaborado por organizaciones de la sociedad civil, como insumo para el 23º período de sesiones del EPU (Examen Periódico Universal), sostiene que el rápido proceso de privatización de la educación que se ha dado en el país ha significado un aumento de los niveles de segregación que, según el mismo informe, podría superar los niveles de Chile. El informe pone en evidencia el impacto de la segregación en las niñas y alerta sobre las consecuencias  mayores que, en un país en proceso de reconstrucción de su tejido social, puede traer consigo esta tendencia privatizadora/segregadora.  En sus recomendaciones, el informe reafirma un hecho que ha sido ampliamente demostrado por la historia: un inversión básica en educación pública de calidad tiene efectos tan amplios y de largo aliento que ninguna inversión privada puede equiparar.

El segundo  es una alerta que nos llega desde todo el continente africano en el que,  de acuerdo con la declaración firmada por más de 68 organizaciones nacionales, regionales e internacionales, se denuncia la clara tendencia a la privatización de la educación en el continente y la importancia que se le da a la participación del sector privado por parte del Banco de Desarrollo Africano. Una vez más, las organizaciones de derechos humanos y comprometidas con el derecho a la educación insisten en las evidencias que tenemos, a lo largo y ancho del planeta, de que la mayor participación del sector privado en la educación, multiplica las desigualdades, la segregación y la marginación de amplios grupos de niños y niñas cuyas familias no puede cubrir los costos de matrícula y otros asociados al ingreso y permanencia en la escuela.

El tercer ejemplo proviene de Chile, el país con más altos niveles de segregación en su sistema educativo, de acuerdo con los datos de la OCDE. En un informe preparado por una alianza de organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales están el Foro por el Derecho a la Educación en Chile y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE),  se ponen en evidencia las violaciones a los derechos humanos que se derivan de la privatización del sistema educativo chileno y se pide claramente a la ONU que cuestione al gobierno chileno por dichas violaciones.

De manera amplia, rigurosa y detallada, el informe nos entrega datos sobre los efectos discriminadores y segregadores que los cobros de las escuelas privadas generan y, más aún, evidencia también cómo estos costes son utilizados como herramienta para  negar el acceso a estudiantes indeseados.

Podría ampliar la lista de situaciones pero, me basta con enfatizar cómo máximas autoridades internacionales en el campo educativo han expresado ya en varias ocasiones y de distintos modos el carácter de le Educación como BIEN PÚBLICO y han afirmado enfáticamente que la privatización de la educación profundiza prácticas discriminatorias en las sociedades, en razón de la condición económica o del origen social y, por tanto, se constituye en una práctica que atenta directamente contra los derechos humanos.

Incluir es un movimiento de apertura, de integración, de amplitud. Privatizar es un movimiento de cierre, de marginación, de límites. Son dos movimientos contrarios que, cuando se refieren a la garantía del ejercicio de un derecho, como el derecho a la Educación, son incluso contradictorios.

Así que, la garantía de una educación totalmente inclusiva solo llegará a través de sistemas de educación pública gratuita y de calidad y de políticas públicas que garanticen también una educación privada de calidad y no discriminadora.

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