Los acuerdos y declaraciones logrados en torno a la agenda  por el derecho a la educación en los diversos espacios de todo nivel que se han desarrollado durante el 2015 son, sin lugar a dudas, uno de los logros que quienes creemos en el Derecho a la Educación como un Derecho Humano tendremos que remarcar en el momento de hacer las sumas y restas de este año. Será de justicia también remarcar el rol determinante que han jugado las organizaciones de sociedad civil y los procesos de participación que han sustentado las propuestas y  definiciones conseguidas. Dejo aquí, y por escrito, un reconocimiento total tanto a los procesos participativos como a la inteligencia de los debates y propuestas y a la eficacia en los logros obtenidos.

Pocos días atrás, en París, se logró el acuerdo sobre el Marco de Acción 2030, un instrumento que orienta  a través de objetivos, indicadores, estrategias indicativas, cómo hacer realidad, especialmente, el objetivo general de educación que ha quedado trazado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que, como sabemos,  establece el compromiso claro por una educación inclusiva y equitativa en todos los niveles, al mismo tiempo que caracteriza las prioridades sobre las que trabajaremos hacia el 2030.

Y es ahí, en el plural “trabajaremos” donde me quedo a reflexionar. ¿Por qué? Porque el Marco de Acción establece también los mecanismos de implementación y, lógicamente, los actores comprometidos en ello.  El documento destaca una vez más la responsabilidad principal de los Estados y sus respectivos gobiernos en el aseguramiento de los recursos suficientes y la gestión necesaria para obtener los logros propuestos.  El rol del Estado es intransferible e innegociable en lo que a la garantía del ejercicio de derechos se refiere y el Derecho a la Educación no es, por supuesto, una excepción.

Sabemos bien y está establecido en el mismo documento, que somos muchos los actores corresponsables.  Las organizaciones de la sociedad civil, a la base de la movilización y la organización social, de la veeduría ciudadana, del monitoreo y de la generación de propuestas innovadoras.  Los docentes, cada uno en su aula y todos en sus colectivos y organizaciones, protagonistas del cambio educativo y, a su vez, sujetos de derechos.  La academia, cuyo compromiso con la calidad de la educación es ineludible e indispensable. Los propios jóvenes, adolescentes, niños y niñas, sujetos centrales en el ejercicio del derecho a la educación y llamados a no desentenderse de su cumplimiento y de su calidad.  Finalmente, el sector privado, cuyos aportes innovadores serían un alimento muy interesante para la educación pública, así como sus aportes financieros.

La pregunta necesaria es ¿comparten todos estos actores el compromiso por esta educación declarada como inclusiva, equitativa, de calidad, para todos y todas, a lo largo de toda la vida? ¿Están todos dispuestos a poner en segundo plano otras motivaciones e intereses para avanzar, como conjunto, poniendo el interés en el logro colectivo? Señales preocupantes como el cierre de espacios a la participación de las organizaciones, el establecimiento de stándares de calidad establecidos desde el resultado académico y con poca o ninguna mirada a los procesos, de disminución de presupuesto público para el sistema de educación pública, llegan desde distintos lugares del planeta apenas logrados todos estos importantes acuerdos.

¿Será posible avanzar, concretamente, hacia este horizonte común? Pensar, sentir y actuar en la misma dirección, parece un desafío fundamental para llegar al 2030 como nos estamos planteando llegar.

Nelsy Lizarazo, comunicadora, educadora, integra la Pressenza – Agencia Internacional de Noticias dedicada a noticias sobre la paz y la no-violencia. Fue secretaria ejecutiva de ALER entre 2006 y enero de 2013.