Los diagnósticos sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes muestran que sigue siendo necesario desarrollar mecanismos legales de consejería, queja, reporte y asistencia a víctimas de la violencia, adaptados a los niños, niñas y adolescentes, como también  reformas legales para prohibir todas las formas de violencia en el sistema educativo para prevenir y erradicar la violencia contra la infancia.

La publicación “Violencia escolar en América Latina: Superficie y fondo” [descárgalo aquí], presentada por las oficinas para América Latina y El Caribe de Plan Internacional y UNICEF, reseña la situación legal del castigo corporal en América Latina y el Caribe, manifestando los argumentos que respaldan la importancia de su prohibición legal, especialmente los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El documento recuerda que la violencia en las escuelas no constituye un mundo aislado del resto de la sociedad, sino que tiene un gran impacto en el acceso de los niños y niñas a la educación, y más aún, en la capacidad de aprender y desarrollarse.  Esto señala la importancia de las escuelas en ese tema. “Las escuelas tienen un rol único para ayudar a cambiar los patrones de violencia, para promover la tolerancia y el respeto mutuo y para dar a las personas menores de 18 años, a sus padres y a sus comunidades, el conocimiento y las habilidades que necesitan para resolver sus controversias en forma pacífica y constructiva”.

El estudio considera que a nivel global se ha incrementado la violencia psicológica contra los niños, niñas y adolescentes y entre pares. Sin embargo, se han diversificado las iniciativas para prevenir y responder a las distintas formas de violencia en las escuelas. “Reconocemos la incidencia positiva que tienen las campañas para empoderar a los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos, la promoción de la educación sin miedo y sin violencia, incluídas la violencia física, psicológica o sexual, la intimidación, el cyberbullying, el grooming y la violencia basada en el género”.

Asimismo, el documento ofrece una sistematización de las buenas prácticas registradas en la región para responder a la violencia contra los niños en las escuelas.