En materia de educación inclusiva, se han venido constatando algunos progresos paulatinos en la región, que pasan desde una mayor comprensión del concepto y alcance de la educación inclusiva, así como su materialización en marcos normativos y de políticas públicas o institucionales, pudiéndose identificar numerosas manifestaciones que dan cuenta de avances tanto como de desafíos aún presentes en la región.
El informe de Revisión Regional al 2015 de “Educación para Todos” (EPT) en América Latina y el Caribe [descárguelo aquí], divulgado en octubre por la UNESCO, considera que “en los últimos 14 años se puede observar una creciente preocupación por la educación equitativa (en términos de acceso y calidad) para cerrar las brechas educativas entre géneros, alumnos de diferentes zonas geográficas (urbano/urbano marginal/rural), estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos, igual como entre alumnos pertenecientes a grupos étnicos y aquellos que no pertenecen a estos grupos”.
Entérate sobre algunas experiencias de la región a continuación.
El Salvador: la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno
El informe del país indica que se han registrado avances relativos en lo que refiere a la tasa neta de matrícula primaria, pasando de 86% que presentaba en el año 2000 a 93,1% en el año 2012. La escolaridad promedio en la población mayor de 10 años, pasó de 5,4 años (en el año 2000) a 6,4 años (en el 2012). No obstante, los desafíos son aún mayores en lo que respecta a una limitada cobertura en los restantes niveles educativos: 54,2% en parvularia, 63,8% en secundaria y 35,4% en bachillerato, así como superar el rezago por sobre-edad y el fracaso escolar. Los datos están en el UNICEF Annual Report 2013 [lee más aquí].
Entre los esfuerzos que se llevan adelante para enfrentar este desafiante panorama, se encuentran algunas estrategias de política de educación inclusiva, las que se desarrollan desde el año 2009 bajo la conceptualización de la escuela inclusiva “como el espacio educativo que ofrece un conjunto de respuestas educativas, orientadas a la eliminación gradual y efectiva de las barreras de acceso y de participación que impiden el cumplimiento del derecho efectivo a una educación oportuna, integral, de calidad y en condiciones de equidad”.
El Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno integra estas estrategias, promoviendo la participación comunitaria, la inclusión y desplegando acciones para minimizar la deserción escolar y lograr la permanencia en los centros educativos. Según informaciones del Ministerio de Educación, habiendo iniciado su implementación en el año 2011 en 22 escuelas, al presente comprende la participación de 2.285 centros educativos en 100 municipios del país y un número de 629.167 estudiantes beneficiados/as con las metodologías de tiempo extendido.
Colombia: la educación inclusiva en el Sistema de Educación Superior
Los datos presentados por el pais destacan la creación de Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva con el objetivo de orientar a las Instituciones de Educación Superior en el desarrollo de políticas que favorezcan el acceso, permanencia y graduación de todos sus estudiantes.
Estos lineamientos recogen un concepto de educación inclusiva asociado a otros seis conceptos relacionados y articulados entre sí: participación, diversidad, interculturalidad, equidad, pertinencia y calidad. Cuentan entre su población objetivo prioritaria: las personas con discapacidad, las personas pertenecientes a grupos étnicos, población víctima del conflicto armado, población desmovilizada en proceso de reintegración y población habitante de frontera.
Para la construcción de un sistema de educación superior inclusivo se proponen abordar como retos: procesos académicos inclusivos; formación de docentes inclusivos; creación de espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural (para la construcción colectiva del conocimiento y el abordaje de temáticas interdisciplinares sobre diversidad, interculturalidad, equidad, pertinencia y calidad); fortalecimiento de la estructura administrativa y financiera; y una política institucional inclusiva.
México: la interculturalidad y el derecho a la educación
El informe de Revisión Regional de “Educación para Todos” ha abordado esta temática, reconociendo que “la interculturalidad supone asumir la diversidad cultural, política, organizativa y de creencias específicas que los grupos han ido conformando y que influyen en los procesos identitarios individuales y colectivos”, lo que plantea diversas tensiones y dificultades en sus procesos de implementación que mayormente responden a las situaciones de inequidad generalizadas que afectan a las poblaciones indígenas.
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ser indígena o afrodescendiente en México significa que hay mayores probabilidades de tener poca o nula educación, no tener acceso a servicios básicos de salud y vivir en familias sin ingresos fijos.
El país responde con una de las iniciativas más reciente en ese tema en la región, el Programa Especial de Educación Intercultural 2014 – 2018, el que plantea como prioridad, la incorporación de la interculturalidad como principio pedagógico que actúe de manera transversal en todo el sistema educativo, con prácticas y procesos que consideren la distribución equilibrada de la educación y la participación equitativa de las distintas identidades, visiones del mundo y formas de conocimiento en los procesos educativos y en el conocimiento que se imparte [lee más informaciones sobre el programa aquí].
