Como “reprochable” calificó la Corte Constitucional el hecho de que en Bogotá, no exista un programa concreto de educación inclusiva para que personas con leve problemas cognitivos puedan interactuar y estudiar pares de desarrollo típico sin déficit cognitivo ni alteraciones de neurodesarrollo.

Señaló la Corporación Judicial que las autoridades tanto distritales como departamentales deben entender que la “educación posee una doble connotación, pues se trata de un derecho que tienen todas las personas y, a su vez, es un servicio público al que se le atribuye una función social”.
CM& – 21/11/2016