Por: Michaela Martin y Alexandra Waldhorn, IIPE-UNESCO, y Taya Louise Owens, Informe GEM de la UNESCO  

Fuente: Blog de la Educación Mundial

La acción afirmativa en la educación superior es un tema controvertido para muchos. Por un lado, algunos creen firmemente que es la vía hacia el acceso equitativo a la educación terciaria; otros creen que puede ser una discriminación injusta.

El documento de política más reciente, publicado la semana pasada por el Informe GEM y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO), evocando la evidencia disponible, concluyó que la acción afirmativa, en contextos de desigualdades sociales profundamente arraigadas, era una herramienta esencial para la construcción de sistemas educativos terciarios más inclusivos. Los resultados muestran que es una respuesta política muy efectiva para asegurar que los estudiantes de grupos históricamente desfavorecidos tengan acceso a la educación superior.

La acción afirmativa no es una herramienta nueva para promover la equidad en la educación superior. Las universidades comenzaron a utilizarla para diversificar los procesos de admisión en la década de 1950, en India. Desde entonces, su uso se ha multiplicado en muchas instituciones en todo el mundo. Este enfoque incluye una variedad de métodos diseñados para dar acceso preferencial a la educación y al empleo a grupos no dominantes histórica y sociopolíticamente, tales como grupos étnicos desfavorecidos, minorías culturales, poblaciones indígenas, poblaciones económicamente desfavorecidas o a veces a las mujeres.

Países tan diversos como los Estados Unidos, India y Brasil buscan criterios más allá del logro académico para nivelar el campo de juego en la educación postsecundaria. Algunas técnicas establecen cuotas de referencia o de porcentaje para el grupo objetivo. Otras añaden puntos de bonificación por pertenecer a un grupo minoritario. Funcionan porque diversifican los requisitos de entrada para reconocer las circunstancias individuales.

Por ejemplo, en Brasil, una ley de 2012 reserva la mitad de todos los lugares en las 63 universidades federales del país para estudiantes provenientes de escuelas secundarias públicas, o de ascendencia africana o indígena. Los estudiantes de bajos ingresos ahora reciben bonos en los exámenes de ingreso, y los resultados iniciales muestran que los estudiantes aceptados bajo las reglas de cuota provienen de antecedentes familiares con hasta un 50% menos de dinero que otros estudiantes.

Consagrado en la constitución del país en 1950, el programa basado en cuotas de la India se ha dirigido a tribus y castas inferiores. Bajo el sistema, el 22.5% de todos los lugares en las instituciones educativas totalmente o parcialmente financiadas por el gobierno están reservados para los jóvenes de estas poblaciones desfavorecidas. Excepcionalmente, el gobierno extendió la ley en 2005 para incluir a instituciones de educación superior privadas y públicas. Y aunque las castas más desfavorecidas todavía participan en la educación superior en proporciones más pequeñas que otros grupos, una revisión empírica de las políticas de admisión en 225 colegios indios de ingeniería reveló que las inscripciones dirigidas casi se han triplicado.

Los críticos argumentan que cualquier cambio en el proceso de admisión para beneficiar a un grupo de estudiantes excluirá a otros estudiantes elegibles, lo cual es una forma de discriminación. Pero decisiones recientes de los tribunales en los Estados Unidos han deliberado a favor de programas de admisiones que toman en cuenta este tipo de criterios.

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