Según datos del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), en América Latina existen más de 45 millones de personas que pertenecen a más de 800 pueblos indígenas, de los cuales la mitad cuenta con menos de 3.000 personas.
En los últimos meses, las repercusiones ocasionadas por el COVID-19 se han expandido con fuerza por toda la región, afectando seriamente a las poblaciones indígenas, que en la mayoría de los países habitan en zonas con baja o insuficiente cobertura de salud y servicios sociales.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre “la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, particularmente aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial, y resalta la necesidad de elaborar respuestas específicas para este colectivo, que sean respetuosas de su cosmovisión y diversidad cultural”.
A pesar de la difícil situación creada por la pandemia, es preocupante que las estadísticas oficiales de los países, incluso de aquellos con alto porcentaje de población indígena, no reflejen la verdadera magnitud de los casos de COVID-19 en los pueblos originarios, lo cual es consecuencia de una tendencia general a invisibilizar a estos grupos especialmente vulnerables .
El Foro Internacional de mujeres indígenas, ha señalado que la pandemia “está aumentando las desventajas interseccionales que impactan a las mujeres indígenas, aunado al empobrecimiento, limitado acceso a servicios de salud y agua potable, el desplazamiento forzado de nuestros territorios, la degradación de los recursos naturales debido a las industrias extractivas, los proyectos de energía y las consecuencias del cambio climático, que afectan a los pueblos indígenas en general”.
