La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconoce en su artículo 24 el derecho a la educación inclusiva, es decir, el derecho a estudiar y aprender en escuelas y aulas comunes con los apoyos que sean necesarios, y prohíbe expresamente que las personas con discapacidad sean excluidas del sistema educativo general. La educación inclusiva también se erige como uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y es, a su vez, la materialización de los principios de universalidad, igualdad y no discriminación en el derecho a la educación, consagrados en una pluralidad de tratados internacionales.
Con relación a esto último, se ha dicho con acierto que “el derecho a la educación es un derecho a la educación inclusiva”. En otras palabras, ningún enfoque distinto al de la inclusión puede garantizar este derecho humano. Pese a lo establecido en los diversos instrumentos mencionados, en América Latina las personas con discapacidad continúan experimentando múltiples barreras para acceder a las escuelas y permanecer en ellas. Muchas son absolutamente excluidas del sistema educativo, otras son segregadas en escuelas especiales y otras asisten a escuelas regulares sin recibir los apoyos que requieren, lo que impide que aprendan y participen en condiciones de igualdad.
Las y los docentes juegan un rol clave en la transformación de esta realidad. La construcción de comunidades educativas inclusivas no se alcanza solo con leyes y políticas públicas, sino con el compromiso diario de maestras y maestros que se replantean sus conocimientos y sus prácticas, que se atreven a cuestionar sus preconceptos, que buscan nuevas estrategias para educar en la diversidad, que se responsabilizan por el aprendizaje y el bienestar de todos y todas sus estudiantes, y que exigen al Estado y a las autoridades escolares los recursos que precisan para brindar respuestas satisfactorias en aulas heterogéneas.
