La Declaración Universal de los Derechos Humanos se basa en el respeto íntegro de las personas, su dignidad e igualdad. Estos principios son transversales a todos los instrumentos de derechos humanos que afirman la necesidad de eliminar la discriminación de cualquier índole, poniendo el acento en las poblaciones que históricamente han sido discriminadas. Sin embargo, en América Latina residen más de 19.1 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años con alguna discapacidad, en condiciones que se caracterizan por desventajas y rezagos en relación con todos los indicadores de desarrollo y protección social (UNICEF, 2021). A los desafíos de acceso a educación, estimulación temprana y oportunidades de participación e inclusión en la vida de la comunidad, se agregan otros factores de riesgo relacionados con la salud y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, como la exposición a violencia y discriminación (UNICEF, 2018).
Numerosos estudios, investigaciones e informes muestran que el impacto de la violencia en las niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos con discapacidad, tiene graves consecuencias en las diversas dimensiones de sus vidas. Por lo anterior, se necesitan mayores esfuerzos orientados al reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad como sujetos de derechos y al fortalecimiento de medidas para su protección integral. En especial, se debe considerar que los factores de riesgo por la discriminación y la violencia son parte de prácticas culturales naturalizadas desde la crianza que se refuerzan y retroalimentan en los diferentes entornos, resultando en el desconocimiento del valor de la diversidad y la inclusión de todas las personas por igual.
