La meta de alcanzar una educación para todas y todos está aún lejos de alcanzarse. De conformidad con el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de 2017/8, en el mundo hay 264 millones de niños, niñas y jóvenes de edad correspondiente al nivel primario y secundario que no van a la escuela (UNESCO, 2017). Dentro de aquellas personas, las que se considera que tienen “necesidades educativas especiales” han sido históricamente dejadas atrás. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial (2011), “los datos indican que es menos probable que los jóvenes con discapacidad asistan a la escuela que sus pares sin discapacidad” (p. 233) y que este patrón suele ser mayor en países más pobres. Millones de personas con discapacidad siguen viendo negado su derecho a la educación y muchas son aún educadas en entornos segregados (Comité CDPD, 2016) y enfrentan diversas formas de discriminación en el acceso, la realización de ajustes y la participación en la escuela en igualdad de condiciones con los y las demás estudiantes, lo que obstaculiza el ejercicio de su derecho fundamental a la educación inclusiva.
El debido cumplimiento del derecho a la educación inclusiva se enfrenta con distintas barreras. Estas proceden de causas muy diversas como la resistencia cultural, una estigmatización muy arraigada, la competencia, la falta de voluntad política y en muchos casos de restricciones presupuestarias. Durante las últimas dos décadas ha habido una tendencia global hacia enfoques educativos neoliberales o “de mercado”, que resultaron en el crecimiento de la intervención de actores privados en esta área. Basado en principios tales como la rentabilidad, la innovación, la estandarización, la libertad de elección y la competencia, este enfoque ha generado gran preocupación para quienes promueven la inclusión, cuestionando su compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos relativo al derecho a la educación. Asimismo, advierten sobre los desafíos que la privatización supone a la meta de que “nadie se quede atrás”.
