La gestión del riesgo a los desastres ha venido evolucionando rápidamente hacia un enfoque inclusivo que garantice que todas las personas sean tomadas en cuenta, y sus necesidades particulares sean cubiertas de manera proporcional y equitativa.
Varios instrumentos normativos internacionales establecen disposiciones y prioridades para orientar a los países en esta tarea urgente de inclusión; tal es el caso de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas (2006) que establece mandatos a los Estados respecto a la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, como por ejemplo, conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres (artículo 11). Se suma a ellas, el Marco de Sendai (2015-2030), que señala la necesidad de un enfoque centrado en las personas y en la participación inclusiva, accesible y no discriminatoria de las personas afectadas desproporcionadamente por los desastres y la Convención sobre los Derechos del Niño que establece como uno de pilares el brindar ayuda prioritaria a las niñas, niños y adolescentes, en especial a las poblaciones más vulnerables, en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria.
Estas Normas están acompañadas de una hoja de ruta con acciones estratégicas que han desarrollado los países de la región para el posicionamiento de la inclusión de las personas con discapacidad en todas las tareas de la gestión integral del riesgo, e implementar las Normas de acuerdo a las diferentes características y contextos nacionales.
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