La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay representa una garantía no jurisdiccional de los derechos humanos frente al poder del Estado. Se trata de un elemento clave para fortalecer la democracia, ya que es un mecanismo por el cual se canalizan los planteamientos, opiniones y quejas individuales y colectivas sobre el funcionamiento de los poderes públicos, y a su vez, un mecanismo dirigido al respeto efectivo de los derechos humanos.
