En el mes de julio del 2016, la organización Ação Educativa, ubicada en el estado de São Paulo, en Brasil, movilizó la realización de una Semana de Formación en Educación Popular y Derechos Humanos: cultura y educación para la resistencia e incluyó su programa una Jornada sobre el Sistema Prisional y educación en prisiones: experiencias en America Latina, en donde se evidencia lo valioso y urgente de la acción de la sociedad civil en temas tan poco visibles en la agenda pública de la región.

Lo primero que se debe señalar es que no podemos pensar la educación en prisiones sin ver y poner en la mesa la discusión del sistema penal, ya que la educación, en el contexto de la ejecución de la pena, es comprendida en general como una “de las herramientas” (o tecnologías) del tratamiento penitenciario. Se agrega a esto que, si la entendemos como derecho humano, la educación en la cárcel (así como fuera de ésta) no puede estar ajena a la articulación e interdependencia de otros derechos humanos. Esto se ejemplifica en frases como “si un pibe tiene hambre no puede estudiar”, que, en el contexto de encierro punitivo, podría ser “un joven preso torturado o maltratado tampoco puede estudiar”. Es por ello que la clave de esta jornada fue justamente pensarse la discusión sobre el sistema penal y de prisiones dentro de una semana relacionada a la formación en Derechos Humanos (DDHH).

En ese debate, se buscó identificar a la oferta de la educación en las prisiones de Latinoamérica y de Brasil como elemento central de los DDHH; reflexionar sobre las dimensiones que entran en juego a la hora de concretar los derechos educativos de las personas privadas de libertad y discutir recomendaciones para las políticas públicas educativas del Brasil.

De la conferencia participaron ex detenidos, estudiantes y profesionales de distintas disciplinas sociales – muchos/as de ellos/as vinculados/as al trabajo educativo carcelario – investigadores/as y docentes de universidades, familiares de personas privadas de libertad, representantes del poder judicial y representantes de la sociedad civil vinculada tanto al tema educativo y penitenciario.

Los relatos sobre el tema indican un avance dispar en la realización de ese derecho en la región, destacando la urgencia en establecer bases normativas en vistas a tornar la política pública exigible y visible, además de crear mecanismos institucionales claros para el trabajo conjunto por parte los ministerios responsables por garantizar ese derecho y para el diálogo con la sociedad civil en el desarrollo de esta agenda pública. Asimismo, aparecieron como constantes la necesidad de garantizar la participación de los/as privados/as de libertad en los debates sobre esta política pública y de promover una formación con perspectiva de DDHH, teniendo en cuenta la especificidad en la modalidad educativa de contextos de privación de libertad, tanto para educadores/as de las escuelas en la cárcel como también para los/a funcionarios/as penitenciarios/as.

Se establecieron ronda de conversaciones entre todos/as los/as asistentes, lo cual resulta ser vital a la hora de pensar en educación y en DDHH. La horizontalidad de los debates lleva tiempo pero gana en potencialidad. La primera ronda versó sobre la Situación de las prisiones en Brasil, destacando al estado de São Paulo como el más complejo y urgente a atender en este país; la segunda trató sobre La política educativa para las cárceles del Brasil, abordando los avances y estancamientos en los aspectos macro como lo micro; la tercera ronda abordó Las prácticas pedagógicas formales y no formales en las prisiones del Brasil, en donde se evidencia la diversidad en tanto a la educación de adultos más allá de lo escolar o no escolar y, por último, la ronda referida al tema de Remisión de pena por estudio, que consideró el aspecto judicial-legal para realizar planteos sobre sus alcances, potencialidades y debilidades hasta el momento.

En cuanto a las propuestas abordadas se pudo apreciar un gran abanico de posibilidades y necesidades a concretar. Muchas tuvieron congruencia en formas y modos de llevarse la educación en los contextos de privación de libertad. Aquí se comparten algunas, tales como:

– Necesidad de intercambiar, crear y fortalecer redes de investigación y sistematización de experiencias educativas en cárceles[1]
– Articular provechosamente la relación Sociedad Civil-Estado en tanto construcción, promoción y control de la política pública educativa para las cárceles
– Convocar y acercar a otras organizaciones sociales y académicas, como las universidades públicas
– Atender la diversidad de colectivos sociales que se encuentran en las cárceles como jóvenes, mujeres y “trans”
– Favorecer la institucionalidad entre lo educativo y lo penitenciario (fortalecer normativas y protocolos que torne efectiva la educación como derecho en la cárcel)
– Aumentar la visibilidad mediática activa del tema
– Mejorar la relación entre educación y trabajo en la cárcel entendidos ambos como derecho humano
– Revisar y equilibrar el curriculum en tanto la especificidad de la realidad carcelaria, el sujeto que la transita y el criterio de igualdad ante el derecho a la educación
– Fortalecer espacios en las distintas cárceles que mejoren el diálogo entre instituciones y personas responsables de la realización en las cárceles
– Alcanzar datos e información más certera que permitan generar y enriquecer la política publica del sector educativo en cárceles.

Para finalizar decir que en toda política pública pensada desde y para los DDHH es vital, por un lado, favorecer la participación de personas e instituciones involucradas en tanto posibilidad de contagiar y enriquecer las acciones del Estado. Por otro, es dable promover el diálogo entre la educación entendida como derecho y movilizada desde la educación popular con la política pública para el sector, porque de otro modo significarán solo esfuerzos sinceros pero no certeros, no transcendentes como requiere el derecho a la educación en, y a pesar de, la cárcel.

[1] Aprovechamos a señalar que el GESEC lanza en el mes de agosto la Red de Investigadores e Investigadoras sobre Educación en Cárceles (RED LATISEC) con el fin de propiciar  un espacio de difusión y socialización de diversas investigaciones. Ver más en www.gesec.com.ar y en http://redlatisec.wixsite.com/latisec

Francisco Scarfó, educador en cárceles desde el 1992, magister en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, fundador y actual presidente del GESEC (Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles).