10/07/2017
En su edición del Panorama Social de América Latina 2016, la Cepal examina la situación de las poblaciones afrodescendientes en la región, además de plantear otros aspectos de la desigualdad social, como la distribución del ingreso y de la propiedad y el uso del tiempo entre hombres y mujeres.
Respecto al tema de las personas afrodescendientes, la publicación destaca el origen histórico de los procesos de invisibilidad y negación de derechos en muchos países de la región. “Más allá de las particularidades nacionales y subregionales, la estructura jerárquica, clasista y racista de la época colonial determinó que las personas afrodescendientes ocuparan un lugar subordinado, presentando, junto con los pueblos indígenas, mayores niveles de pobreza material y exclusión social y política. La población procedente de la diáspora africana permaneció a lo largo de los siglos en una posición de desventaja, aun después de su liberación de la condición de esclavitud”, afirma el documento.
Dicha desigualdad se refleja en las brechas en la garantía del derecho a la educación a todas las personas. “El porcentaje de jóvenes afrodescendientes de entre 18 y 24 años que asisten a un establecimiento educativo oscila entre un 16,9% en el Uruguay y un 41,4% en la Argentina, y es inferior al porcentaje de los jóvenes no afrodescendientes en esa situación en la mayoría de los países analizados. Esas brechas se profundizan en el caso de la asistencia a la educación superior. Asimismo, en la mayoría de los países es mayor la proporción de jóvenes afrodescendientes que no están estudiando ni ocupados en el mercado de trabajo. Si se considera el entrecruzamiento de las desigualdades de género y las desigualdades étnico-raciales, se verifica que el porcentaje de jóvenes mujeres afrodescendientes que sufren esa doble exclusión por lo menos duplica el porcentaje de jóvenes no afrodescendientes de sexo masculino que se encuentran en esa situación.” Los países analizados para este análisis fueron: Bolivia, Argentina, Panamá, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Colombia y Honduras.
La demanda por la producción de estadísticas sobre estas poblaciones forma parte de las luchas por el reconocimiento y el enfrentamiento de las diversas formas de discriminación, además del desarrollo de políticas que promuevan los derechos de los/as afrodescendientes.
“Mayores avances se observan en el caso de los censos de población y vivienda, principalmente de los realizados en la presente década: cuando esta finalice, 17 de 20 países de América Latina habrán incluido la autoidentificación de las personas afrodescendientes. A su vez, son pocos los países que cuentan con preguntas de este tipo en sus encuestas de hogares y, con la excepción del Brasil y el Uruguay, persisten limitaciones asociadas a la representatividad de las muestras para estos grupos”. Según la publicación, estos censos permiten estimar que, en 2010, la población afrodescendiente de América Latina correspondía a 111 millones de personas, aunque estas cifras no representen la realidad debido a las limitaciones ya mencionadas.
“Las desigualdades étnico-raciales, junto con las socioeconómicas, las de género, las territoriales y aquellas asociadas al ciclo de vida constituyen ejes de la matriz de la desigualdad social en América Latina. Ellas se manifiestan en diversos ámbitos del desarrollo social, entre ellos la posición socioeconómica, la salud, la educación y el trabajo”, señala el documento. En Brasil, Uruguay, Ecuador y Perú (países que disponen de más información, de acuerdo con la Cepal), se observa una concentración significativamente más elevada de la población afrodescendiente en el quintil de menores ingresos, en comparación con la concentración que se registra en la población no afrodescendiente.
Finalmente, el documento señala los avances en la promoción de la igualdad étnico-racial, con las políticas de acciones afirmativas y las políticas valorativas como la enseñanza de historia y cultura africana en las escuelas. A su vez, se reconoce la importancia de las legislaciones que prohíben la discriminación racial en muchos países de la región.
En el marco internacional, el documento recuerda el compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Decenio Internacional de los Afrodescendientes con la promoción de la igualdad étnico-racial. “Y otros acuerdos regionales, como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, refuerzan la urgencia del desafío de garantizar el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos de las personas afrodescendientes, mediante acciones sostenidas en el tiempo en las que se reconozca la igualdad en la diversidad.”
