27/04/2017
Datos de 15 países de América Latina y Caribe muestran que los problemas de convivencia y los ambientes de aula agresivos causan impactos en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la primaria
Las formas de violencia en el espacio y en el entorno escolar afectan de manera diversa los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como las trayectorias escolares de los y las estudiantes de la educación primaria en América Latina y el Caribe. Este es un de los hallazgos de la publicación “Las violencias en el espacio escolar”, producida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en alianza con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF.
Para analizar esta relación, se utilizaron los resultados educativos de las asignaturas de lectura, matemática y ciencias del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), realizado por la UNESCO en el año 2013, con estudiantes del tercero y del sexto grado de 15 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
“Los contextos de violencia que sufren los estudiantes en la escuela son muy preocupantes en cuanto a sus diversos efectos en el proceso de aprendizaje. Diversos estudios plantean que la exposición a distintas formas de violencia en el contexto escolar lleva al ausentismo, al abandono escolar, a la falta de motivación académica y peor desempeño escolar”, señala la publicación. Dado que la violencia vulnera el derecho de niñas, niños y adolescentes de desarrollarse en ambientes seguros y protegidos, “cuando existe una institución escolar que no es capaz de crear espacios de convivencia pacífica, la medición estadística de la asociación entre percepciones de presencia de violencia y resultados académicos solo captura algunos de los efectos nocivos posibles en los procesos de enseñanza”, complementa.
Las mediciones indican que, en la mayor parte de los países de la región, las escuelas primarias parecen cumplir relativamente bien el rol de aislar los procesos de aprendizajes de los impactos de entornos violentos, con robos, vandalismo o consumo de drogas. Sin embargo, son los problemas de convivencia y los ambientes de aula agresivos – en su versión grupal (con burlas y discriminaciones) o personal (con agresiones físicas) – que afectan de forma directa los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes de primaria.
A continuación algunos datos destacados del estudio:
Los climas de aula violentos son los que afectan más los aprendizajes en términos negativos e implica a organizaciones escolares que no han podido promover una convivencia positiva de estudiantes de primaria. Estos resultados son especialmente destacables para los casos de Chile, Colombia y el Ecuador.
Por otra parte, Uruguay, que es un país que tiene niveles bajos de violencia nacional, muestra altos grados de sensibilidad a la violencia en el aula por parte de sus estudiantes, aunque esta percepción no se asocia al bajo rendimiento en el TERCE.
Chile se destaca por ser uno de los países con mayor asociación de la violencia y los aprendizajes. En este caso, el ambiente de aula violento percibido por los y las estudiantes se vincula a una reducción de más de 20 puntos en los resultados de lectura y matemática y en 33 puntos en los de ciencias. “Las prácticas pedagógicas de ciencias en la escuela primaria chilena privilegian el trabajo en pequeños grupos de estudiantes. En este sentido, un estudiante que se siente excluido podría aprovechar menos o incluso sentirse a disgusto en las clases de ciencias, afectando así la calidad de los aprendizajes que construye”, analiza el documento.
Costa Rica, que exhibe alta percepción de violencia por parte de sus docentes, no presenta una vinculación de esa dimensión con los resultados académicos de sus estudiantes. Según el análisis, ello sugiere que es un tema que se relaciona más con una baja aceptación de la violencia por parte del personal adulto de la escuela, pero que no parece intervenir negativamente en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. Por ejemplo, la violencia grupal (presencia de burlas) reduce los resultados de lectura y matemática apenas en 3 puntos. La percepción de violencia personal dirigida al propio estudiante reduce por su parte los resultados de ciencias en casi 8 puntos.
En la Argentina, los resultados en ciencias y matemáticas se reducen en alrededor de 15 puntos cuando el estudiante percibe altos niveles de violencia entre pares, mientras que en el Perú el puntaje en lectura baja 27 puntos.
En cambio, en estos países donde destaca el indicador de violencia en aula dirigida al estudiante (violencia personal), es menor la intensidad de asociación con su rendimiento. En el caso del Paraguay el puntaje de lectura disminuye en alrededor de 7 puntos, en el Perú disminuye 5 puntos y en la República Dominicana ocurre lo mismo en el caso de ciencias.
El análisis del grupo de países reconocidos por sus indicadores de violencia y por sus bajos indicadores educativos (Guatemala, Honduras, Nicaragua) sorprende por la leve asociación de la violencia con los resultados académicos de los y las estudiantes. Solo en Honduras se observan resultados destacables en este sentido, pero de poca intensidad. Frente a esta particularidad, el documento cuestiona: “En países como Guatemala y Honduras, donde las acciones violentas extremas son parte de la vida cotidiana de las personas y en muchos territorios, además de la pobreza, el Estado tiene una débil presencia, ¿será que el fenómeno de la violencia se transforma en algo naturalizado o que existe un potencial miedo a denunciarla en mediciones como el TERCE? Otra hipótesis a considerar es que en contextos con alta violencia fuera de la escuela es posible que los niños y niñas se sientan más protegidos en la escuela en comparación con sus propias comunidades (entorno escolar) y que, asimismo, los docentes se esfuercen por mantener climas de aula positivos.” Y se concluye que son necesarios estudios de caso más profundos para encontrar respuestas.
La publicación señala la importancia de promover espacios y entornos escolares protegidos como una de las maneras de asegurar derechos fundamentales a los niños y las niñas, además del propio derecho a la educación.
En ese sentido, reúne algunas recomendaciones al poder público, entre ellas: desarrollar medidas efectivas para la prevención y respuesta ante la violencia en aula; reforzar recursos, herramientas pedagógicas y gestión de las relaciones humanas que promuevan y respeten la diversidad; problematizar los roles de género y valorizar nuevas identidades masculinas, ya que son los niños los que perciben más ambientes violentos; visibilizar las características de la violencia y de la población estudiantil más afectada por ella, de manera a adoptar acciones que tomen en cuenta los ejes de desigualdad que estructuran nuestras sociedades e implementar estrategias políticas más integradas sobre el conjunto de marginación y vulneración de derechos que enmarcan la vida de los y las estudiantes más afectados por la violencia, o sea, los y las estudiantes de escuelas públicas, de nivel socioeconómico y cultural bajo, y en situación de trabajo infantil.
