El Ministerio de Educación de la Nación deberá producir información sobre la cantidad de alumnos en escuelas especiales e integrados. La causa judicial se inició a instancias de organizaciones que trabajan por el derecho a una educación inclusiva
Fuente: La Voz
La Justicia Federal ordenó al Ministerio de Educación que produzca información sobre la situación educativa de las personas con discapacidad del país, en el marco de un caso iniciado en 2015.
El planteo es impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), la Asociación de Sindrome de Down de la República Argentina (Asdra), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi) -cuatro organizaciones que trabajan por el derecho a la educación inclusiva e integran el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva- al constatar la existencia de graves falencias y vacíos en la información relevada por el Estado nacional sobre la escolaridad de los alumnos/as con discapacidad.
En 2014, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece) del Ministerio de Educación, informó a varias organizaciones que no produce la misma información para escuelas comunes que para escuelas especiales, a las que asisten mayoritariamente estudiantes con discapacidad, y que no produce información que permita conocer la cantidad de personas con discapacidad que asiste a escuelas comunes.
Desde ADC indicaron que esto impide conocer cuál es la situación educativa de esta población y “obstruye la formulación de políticas públicas serias tendientes a poner punto final a  las barreras y discriminación que estas personas enfrentan durante su trayectoria por el sistema educativo”.
El dictamen del Ministerio Público Fiscal consideró que existía una omisión por parte del Estado en el cumplimiento de obligaciones asumidas internacionalmente al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y solicitó al tribunal que ordenara a la Diniece la producción de la información omitida.
Agregó que dicha omisión no sólo cercena el derecho a la información pública, sino que además obstaculiza el conocimiento de la situación real en que se encuentran las personas con discapacidad y la evaluación del grado de cumplimiento de su derecho a la educación, a la igualdad y no discriminación, imposibilitando de ese modo el diseño de políticas públicas adecuadas.
En este sentido, la Justicia ordenó al Estado que “realice las acciones y gestiones administrativas necesarias, en el marco de sus competencias, para asegurar la producción de la información solicitada” sobre la educación de las personas con discapacidad.
