Planes de educación y proyectos de ley recién aprobados en Brasil han demostrado retrocesos en la agenda de género y de diversidad en la educación, y en el abordaje de temas políticos y históricos en clase. En el Estado de Alagoas, la Asamblea de Diputados ha promulgado una ley llamada “Escola livre” [“Escuela libre”] que prohíbe a docentes de escuelas públicas expresar sus opiniones en clase con el objetivo de garantizar la “neutralidad” política, ideológica y religiosa en el ámbito educativo.

La ley establece que los y las estudiantes están en una “posición vulnerable” en el proceso de aprendizaje y les prohíbe a los y a las docentes “adoctrinarlos” en temas políticos e ideológicos, así como no permite que se aborden en las asignaturas obligatorias contenidos que puedan inducir a un “único pensamiento religioso, político o ideológico”, asegurando que se presenten las principales versiones, teorías y perspectivas sobre esos temas. 

Estudiantes, académicas/os y sindicatos de docentes han protestado contra esta norma y consideran que, pese la defensa de la pluralidad de ideas académicas, se imponen restricciones al trabajo docente. La ley limita los contenidos discutidos en clase, especialmente el abordaje de temas históricos, políticos y sociales que podrán ser censurados si se llegan a  considerar polémicos por parte de otros/as estudiantes o de sus familias.

La ley, que recibió fuerte apoyo de grupos religiosos y de otros movimientos políticos, determina que los y las docentes que no cumplan esa exigencia pueden ser denunciados al Consejo Estadual de Educación o a la Secretaria de Educación, con la posibilidad de recibir distintos tipos de sanciones.

El ex-ministro de Educación, Aloizio Mercadante, declaró que se presentaría un pedido judicial para impedir la sanción de leyes que amenacen la libertad de expresión y la enseñanza de la diversidad en las escuelas. Mercadante afirmó que la pluralidad de ideas debe ser un principio presente en las clases, sin embargo debe ser ejercido en base a la garantía de la libertad de enseñar y de aprender.

Un proyecto de ley similar, conocido como “Escuela sin partido”, también fue presentado en ámbito federal, así como en otros Estados y municipalidades de Brasil. La propuesta nacional dice actuar contra “el abuso de la libertad de enseñanza” y prohíbe la presentación de contenidos que puedan exponer conflictos con los principios religiosos o morales de las y los estudiantes o de sus padres y madres.

Género – A su vez, en el municipio de Recife, una propuesta de ley quiere prohibir la elaboración y utilización de materiales didácticos que aborden los temas de género y diversidad sexual, como sexualidad, salud y la diversidad en la composición de las familias. En febrero pasado, los y las parlamentarias/os de esta municipalidad habían pretendido prohibir que el gobierno local distribuyera los libros didácticos que les son enviados por el Ministerio de la Educación porque los mismos presentaban contenidos relacionados con estas temáticas. La propuesta de ley todavía es discutida por los y las parlamentarios/as y están previstas audiencias públicas con la participación de representantes de la sociedad civil, para seguir dialogando sobre el proyecto.

El debate sobre la prohibición de menciones a temas relacionados a género y diversidad sexual ganó fuerza en el país en los últimos dos años, cuando empezaron los procesos participativos de elaboración de los planes municipales y estaduales que orientan la planificación educacional a largo plazo. Sectores religiosos y conservadores incidieron sobre los y las legisladores/as para que se eliminasen de estos planes metas relacionadas al combate a la discriminación y a la desigualdad de género en la educación. Aun así, según monitoreo de los planes de educación que impulsa la iniciativa “De olho nos Planos”,  la mayoría de las provincias en Brasil incluyeron menciones a la igualdad de género en sus documentos.

Pese a que algunos planes estaduales o municipales no abordan el tema de la igualdad de género, la Constitución brasileña y los tratados internacionales firmados por el país establecen que deben ser incluidos en las políticas educacionales. “No es posible garantizar el derecho a la educación en Brasil sin asegurar que estas agendas de género, de diversidad sexual y de eliminación de las desigualdades estén en el centro de la política educacional”, defendió Denise Carrera, de la organización Ação Educativa, durante seminario de presentación de los resultados del proyecto “Género y educación: fortaleciendo una agenda para las políticas educativas”.

“Estamos elaborando materiales para orientar a los y las docentes sobre lo que está garantizado por la ley y como enfrentar las presiones y amenazas de grupos fundamentalistas religiosos y de otros movimientos conservadores que están presionando al legislativo y la gestión educativa”, añade Carrera, explicando el proyecto.

Distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Procuraduría Federal de los Derechos de los Ciudadanos una demanda en la cual solicitan que se investiguen violaciones a los derechos humanos realizados por grupos conservadores en escuelas públicas y secretarias municipales de educación, con el objetivo de restringir el derecho a la educación sobre igualdad de género, raza y sexualidad. De acuerdo con estas organizaciones, gestoras/es municipales y profesionales de educación han recibido notificaciones y amenazas de que serán objeto de acciones judiciales caso se aborden estos temas en clase, que incluyen la posibilidad de pedido de prisión, destitución del cargo público e, incluso, el pago de indemnizaciones por daños morales.

En este contexto, la representación de la ONU Mujeres en Brasil recién publicó un posicionamiento público expresando preocupación con estas acciones que desean eliminar el debate sobre igualdad de género en las escuelas del país. “Tales iniciativas se destinan a cambiar los marcos legales y políticas, leyes y tratados internacionales, fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía en Brasil y la confrontación de las desigualdades estructurales de género, raza, etnia y orientación sexual”, dice la nota. La ONU Mujeres Brasil también expresa que el poder público debe contraponerse a actos de intimidación o de opresión a los y las profesionales de educación.  Y recuerda los compromisos firmados por los Estados para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. “… el Marco de Acción de la Agenda 2030 dedica especial atención a la discriminación basada en el género, así como a grupos vulnerables, para ampliar la educación inclusiva, equitativa y de calidad como un derecho de todas las personas”, completa la nota.

Con informaciones de G1, Diario de Pernambuco y Gênero e Educação