En febrero, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas manifestó al Estado colombiano su “profunda preocupación” por los altos niveles de violencia que enfrentan niños y niñas en Colombia, los cuales se manifiestan en asesinatos y desapariciones, abuso y explotación sexual, violencia doméstica y su utilización en delitos por parte de personas adultas, entre otros hechos.

“El Comité insta al Estado Parte a hacer todo lo posible para reforzar la protección del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de los niños y las niñas”, señala el organismo en el documento que contiene 78 observaciones finales para que Colombia cumpla con la garantía de los derechos de esta población. Entre las observaciones está la necesidad de implementar medidas que mejoren y amplíen el acceso a la educación, asegurar la disponibilidad de mecanismos para la denuncia, abordar las causas fundamentales de estos actos de violencia, implementar de manera efectiva el Código de la Infancia y la Adolescencia (CIA) y asignar los recursos técnicos y financieros necesarios, que permitan garantizar los derechos de la niñez.

La Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, por la región de América Latina y el Caribe, Sara de Jesús Oviedo Fierro, y el Comisionado Miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Wanderlino Nogueira, estuvieron en el país entre el 26 y 30 de abril, a invitación de organizaciones sociales que velan por los derechos de la niñez. En la ocasión, se reunieron con representantes de la sociedad civil, del Gobierno, de los entes de control, del Congreso y de los niños y niñas de las regiones del país, con el fin de dialogar sobre las observaciones y promover acciones para su cumplimiento.

Entre las observaciones, se destaca la recomendación de que el Estado colombiano debe “fortalecer sus esfuerzos para incluir programas integrales de educación en derechos humanos, la igualdad de género, el derecho internacional humanitario y la paz, como parte de los planes obligatorios de estudio”.

Asimismo, se recomienda al Estado “mejorar la calidad de la educación y su disponibilidad y accesibilidad para niños y niñas desplazadas/os y de zonas rurales, con énfasis en las niñas, aumentando sustancialmente el presupuesto, proporcionando formación de calidad a las y los docentes, y garantizando que las escuelas se construyan lejos de áreas de riesgo ambiental y de objetivos militares” [lee aquí el informe con todas las recomendaciones].

El Comité sugiere también otras medidas para que se cumpla y garantice el derecho humano a la educación de las niñas, niños y adolescentes en Colombia. Conozca a continuación las principales:

– Velar por la aplicación efectiva de la política en materia de educación de niños y niñas indígenas y afro-colombianas, mediante la asignación de recursos suficientes y la aplicación de manera efectiva del Decreto 1953, con el objetivo de reforzar la autonomía de los pueblos indígenas en el ámbito de la educación;
– Fortalecer las medidas para disminuir la deserción escolar, teniendo en cuenta las razones particulares de niños y niñas para abandonar la escuela;
– Aumentar las acciones para asegurar que las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes continúen su educación básica formal;
– Vigilar de cerca el cumplimiento de las directivas que prohíben las actividades cívico-militares, ocupación de escuelas y otras acciones que ponen a la comunidad educativa en riesgo y prever sanciones para quienes no cumplan;
– Evaluar las medidas adoptadas hasta ahora para proteger a los y las docentes y personal de las escuelas que han sido amenazados o atacados y, con base en las lecciones aprendidas, establecer mecanismos y protocolos eficaces para su protección.

Según María Elena Urbano, coordinadora de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), el Informe de Expertos de Derechos del Niño le hace un seguimiento muy bueno al Estado Colombiano en relación a la garantía y/o restitución de derechos a los niños y niñas del país. “De manera general se puede afirmar que se han hecho grandes avances en el terreno jurídico y en la planeación de políticas públicas. El gran revés con que nos encontramos es en la aplicación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos. Por ejemplo, tenemos instituciones caducas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que con su actual estructura, políticas y recursos no garantiza la direccionalidad y operatividad del Sistema Nacional de Bienestar Familiar”, afirma.

Añade también que se han promulgado varias leyes y normativas importantes en el país, como la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley de Victimas, la Ley de Restitución de Tierras, la Ley de Convivencia Escolar, entre otras, las cuales regularmente quedan en el papel como buenas intenciones, pero no se realizan por falta de voluntad política, mecanismos de aplicación y seguimiento, recursos económicos, innovación de procesos y propuestas.

“Es importante proteger las escuelas como territorios de paz y constructores de ciudadanía. Otra reivindicación es que se garanticen a los niños y las niñas los tres grados: Pre-jardín, Jardín y Transición en la educación pública, ya que actualmente solo está garantizado el grado de transición a cargo del Ministerio de Educación, y los otros dos grados los atiende el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con personal no idóneo”, dice María Elena.

Histórico – La Alianza por la Niñez Colombiana, la Alianza de Derechos Humanos Antioquia-Minessota, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO) y el Comité de Impulso de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Elaboración del Informe Alterno sobre Colombia invitaron a los expertos de la ONU a su país. Estas organizaciones entregaron al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas informes alternos/complementarios sobre la situación de la infancia y la adolescencia frente al elaborado por el Gobierno, el cual se suministró a este organismo en 2012 y se actualizó en 2014.

“La invitación a los expertos es parte del proceso de seguimiento que realizamos las diferentes alianzas o coaliciones de la sociedad civil, a las observaciones que ha presentado el Comité de los Derechos del Niño al Estado colombiano”, expresó Adriana Espinosa, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas está conformado por expertas/os independientes que tienen la misión de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y los Protocolos Facultativos que suscriben los Estados signatarios; en este caso, Colombia suscribió uno relativo a la participación de los niños y niñas en el conflicto armado y otro relacionado con la venta de niñas/os, la prostitución infantil y la utilización de niñas/os en pornografía.

Conozca a continuación algunos datos sobre la actual situación de violencia contra niñas, niños y adolescentes en Colombia:

– 32,69% de la población está entre los 0 y 18 años. (Fuente: proyecciones Censo DANE 2005).
– 33,98% de la población infantil y adolescente se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional. La incidencia es mayor en los niños y niñas entre los 3 y 5 años: 36,9% y en los adolescentes entre 12 y 17 años: 35,2%. (Fuente: Informe DANE ‘Pobreza monetaria año móvil junio 2012-julio 2013’)
– La tendencia regional, en la que se incluye Colombia, muestra que la mitad de las personas en condición de pobreza e indigencia son niños y niñas. (Fuente: Cálculos Propios con base en CEPAL, 2012. Panorama Social de América Latina)
– 83% de las víctimas de violencia sexual fueron niñas y el 17% niños, en el 2013. (Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Forensis)
– A 69.684 niñas, niños y adolescentes se les puso en situación de protección por maltrato, condiciones especiales de los cuidadores, violencia sexual, abuso sexual, abandono, consumo de sustancias psicoactivas, situación de calle, desnutrición, situación de emergencia y situación de amenaza a la integridad durante 2012. (Fuente: Informe de gestión del ICBF 2012)
– 9 niños, niñas y adolescentes fueron secuestradas/os en 2012 y 53 en 2013. (Fuente: RNI-Red Nacional de Información a febrero de 2014)
– De las 7 millones de víctimas del conflicto armado, el 30 % son niños, niñas y adolescentes. (Registro Único de Víctimas).

Con informaciones de Alianza por la Niñez, COALICO, Agencia Pandi y Jerez&Sandoval-Medios y RS