Ministro de Educación suprime la coordinación de educación intercultural bilingüe y de otras modalidades educativas

Con informaciones de: Agenfor

02 de marzo de 2017

El Ministro de Educación de la Nación Argentina, Esteban Bullrich, ha decidido suprimir de su Ministerio las Coordinaciones de las Modalidades y Niveles del Sistema Educativo Nacional, con lo cual se “elimina la coordinación de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe”.

Esta decisión se toma en base a argumentos que refieren al respeto a la «federalización» de las políticas educativas y, sobre todo, a la potestad de los gobiernos provinciales (que en la Argentina tienen autonomía para gobernar sus sistemas educativos).

Sin embargo, maestras/os de Formosa, provincia con un porcentaje de población indígena tres veces mayor que la media nacional, llamaran de “atropello” a la decisión de Bullrich, afirmando que la eliminación de la coordinación de la educación intercultural bilingüe del Ministerio pone en riesgo la conservación de las lenguas, culturas e identidad étnica de los pueblos originarios.

Las y los docentes, asimismo, señalan que la decisión vulnera la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y el derecho constitucional de los pueblos indígenas “a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, sus lenguas, cosmovisión e identidad étnica para desempeñarse activamente en un mundo multicultural”.

Maximiliano Estigarribia, de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), comenta que el enojo y desconcierto con la decisión del Ministro de Educación es no sólo de las comunidades originarias, sino de la comunidad educativa en su conjunto, pues con ella se pierde la oportunidad de enriquecer el sistema educativo nacional.

“La decisión de suprimir del organigrama del Ministerio de Educación la Dirección Nacional de Gestión Educativa y con ella todas las Coordinaciones de las Modalidades y Niveles del Sistema Educativo Nacional puede constituirse en una pérdida muy grande en términos de capacidad de conducción de la política educativa y plantearía una concepción diferente del rol del Ministerio de Educación de la Nación como garante del Derecho a la Educación”, afirma.

Según Estigarribia, con esta decisión, el Estado perdería la posibilidad de coordinar acciones a nivel regional y nacional, de aprender de las experiencias de las diversas regiones del país y de consolidar una política unificada no sólo en Educación Intercultural Bilingüe, sino en las diversas Modalidades y Niveles, como lo son también las modalidades de Educación Rural, Educación Artística, Educación en Contextos de Privación de Libertad, Educación Especial y Educación Domiciliaria y Hospitalaria, que se establecen en el Art. 17 de la Ley de Educación Nacional.

Esta ley define a las modalidades educativas como ‘aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos’.

“Con esta decisión se corre el riesgo de que la continuidad de las modalidades organizativas queden bajo la exclusiva decisión de las jurisdicciones provinciales”, subraya Estigarribia.

Añade que el gobierno ha anunciado que se creará a nivel nacional una Dirección Nacional de Educación Inclusiva que tomaría a su cargo algunas de las modalidades cuyas Coordinaciones han sido suprimidas. Pero al respecto aún no hay precisiones y claridad, lo que despierta la incertidumbre y el desconcierto sobre la continuidad de las políticas en marcha.

“Pretendemos que, de estar prevista la creación de esta nueva Dirección, la misma sea presentada a la comunidad educativa nacional con sus ámbitos de intervención y objetivos, de modo de no generar esta incertidumbre y sensación de estar abandonando los esfuerzos de muchos años realizados por educadoras/es, organizaciones sociales, universidades y gremios docentes, que bregaron por dotar de institucionalidad operativa a las Modalidades que reconoce hoy la Ley Nacional de Educación”, concluye Estigarribia.

Fuente: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

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