En esta entrevista, la directora de políticas de educación especial del Ministerio de Educación, de Brasil, Martinha Santos comenta las acciones para la promoción de la educación inclusiva en el país y defiende que las escuelas se transformen para acoger las diferencias y favorecer el protagonismo de las y los estudiantes
En 2015, el 81% de las matrículas escolares de personas con discapacidad identificadas en Brasil se hizo en el sistema público de educación. Este dato representa una tendencia de fortalecimiento de la inclusión en el sistema público, ya que en 2003 casi la mitad de las matrículas de las/os estudiantes con discapacidad pertenecía al sector privado.
Para conocer las políticas de educación inclusiva en este país y los retos para enfrentar la discriminación contra las personas con discapacidad, OREI entrevistó a Martinha Clarete Dutra dos Santos, directora de políticas de educación especial del Ministerio de Educación. “El punto central de la implementación de la política inclusiva en Brasil fue precisamente garantizar financiación pública a las escuelas públicas”, señala.
Según el Ministerio de la Educación, el número de estudiantes con discapacidad matriculadas/os en escuelas regulares aumentó de 145 mil, en 2003, a más de 750 mil, en 2015, mientras que el número de matriculadas/os en clases o escuelas especiales disminuyó en el mismo periodo. La mayor parte de las matriculas, el 73%, pertenecen a la etapa inicial de la educación básica ofrecida a niños y niñas de 6 a 14 años, y, luego viene la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, con el 13%. Por otra parte, los menores porcentajes están en la primaria y en la secundaria alta, ambos tienen el 7%.
Martinha explica que la perspectiva inclusiva de la política educativa en Brasil considera que las personas con discapacidad, trastorno generalizado de desarrollo o altas capacidades tienen derecho a frecuentar el sistema regular de enseñanza y a recibir atención complementar de la educación especial. “La educación especial deja de ser un sistema que substituye al sistema regular, y sólo se dedica a la tarea de identificar las barreras del proceso educativo y proponer formas para eliminarlas.”
En abril de 2016, el Ministerio de Educación publicó las normas que regulan la atención de la educación especial, estableciendo las características y criterios que garantizan su calidad, tanto en el sistema público como en el privado. “Uno de los criterios requiere precisamente que los y las estudiantes que reciben esta atención también deben estar inscriptas/os en la educación regular. Esto hace que las instituciones particulares sólo complementen la educación común, y no compitan con ella”, observa.
Hay diferentes maneras de entender cómo debe ser la oferta de educación para las personas con discapacidad, trastorno generalizado de desarrollo y altas capacidades en las políticas educativas de los países. ¿Nos podrías presentar, por favor, el concepto de educación inclusiva y cómo este se relaciona con el derecho humano a la educación?
La educación inclusiva es el proceso que reconoce y aprecia la diferencia. Se trata de una escuela que acoge a todas las personas, con conocimientos y culturas diferentes, perfiles de aprendizaje, variaciones lingüísticas. Una escuela que no es sexista, racista, homofóbica, lesbofóbica o transfóbica… En este sentido, el acceso y la participación de las personas con discapacidad en igualdad de derechos es uno de los aspectos que enmarcan la educación inclusiva.
Siempre coexistieron dos sistemas educativos: un sistema paralelo, con escuelas y clases especiales para las personas con discapacidad, y el sistema común. Un pequeño número de personas se inscribía en las escuelas públicas, mientras que la mayoría de las matrículas pertenecían a las escuelas especiales. Y esto sigue siendo una realidad para muchos países de América Latina y el Caribe.
Cuando Brasil adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [en 2008], hay una directriz clara, y se puede decir que la clase y la escuela especial no son formas aceptables de garantizar el derecho a la educación. La Convención combate frontalmente cualquier forma de segregación basada en la condición de discapacidad. De la misma manera que no se tolera la segregación racial, no se acepta la segregación en base a la condición de discapacidad. Los principios de la Convención, y en particular su artículo 24 que se refiere al derecho a la educación, orientan a los países a superar cualquier tipo de discriminación y a replantear sus marcos de regulación para cumplirlos. Todos los países América Latina y el Caribe han adherido a este documento.
Tras la ratificación de la Convención, Brasil decidió transformar la educación especial en una modalidad complementar de la educación regular, cambiando su significado. La educación especial deja de ser un sistema que substituye el sistema regular, y se dedica a la tarea de identificar las barreras del proceso educativo y proponer formas de eliminarlas. Una vez que cada persona se enfrenta a un tipo de obstáculo, ya no se enfoca la condición de discapacidad de esa persona, sino el medio ambiente, como defiende la Convención. O sea, el medio ambiente, el centro educativo es el que debe proporcionar a estas personas condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.
¿La educación especial es la que ofrece clases de Historia o Lengua Portuguesa? No, eso se aprende en las clases regulares. La educación especial tiene la responsabilidad de lo que llamamos atención educativa especial, desarrollando un plan de acción para cada persona e identificando cuáles son los recursos de inclusión que necesita, como lectores de pantalla o softwares de comunicación alternativa, por ejemplo. Hay casos en que el estudiante no necesita ese tipo de recursos, pero requiere que la escuela sea accesible desde el punto de vista arquitectónico. Otro ejemplo: si la persona con discapacidad está haciendo un doctorado, puede requerir que la biblioteca universitaria le envíe los materiales didácticos que necesita escaneados por correo electrónico o en otro formato accesible, y aquí entra la labor de la educación especial.
¿La financiación de la educación pública inclusiva es un aspecto importante de esta política? Hay sectores que sostienen que las políticas de educación inclusiva son demasiado caras, o demasiado complejas…
Este discurso interesa a las/os que no quieren promover la educación inclusiva y quieren sacar provecho de la segregación. Dicen esto porque quieren vender alguna “facilidad” y reemplazar a la escuela pública. En Brasil, tenemos el sector sin fines de lucro o filantrópico, que se ha apropiado históricamente de las personas con discapacidad y de sus familias, reemplazando a la administración pública y segregando a estas personas.
El punto central de la implementación de la política inclusiva en Brasil fue precisamente garantizar financiación pública a las escuelas públicas. Los datos del Censo Escolar muestran que hoy la inclusión ha llegado al porcentaje de 94% en la red pública de educación. Este mecanismo de financiación está estructurado en tres ejes. El primero es el llamado “Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)” – en español, Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación -, que asegura la doble inscripción [recursos adicionales por estudiante con discapacidad] y con esto estimula la inclusión en las escuelas públicas. Esta posibilidad de una segunda inscripción garantiza a las escuelas los recursos financieros para el servicio adicional, con lo que el sistema educativo puede ofrecer la/el docente para la atención educativa especial, proporciona el intérprete traductor de Libras (Lengua Brasileña de Señales), e invierte en la formación continua de los/as maestros/as de educación regular en prácticas de enseñanza inclusivas.
El segundo eje es un programa adicional de financiación de fondos federales asignados a los estados y municipios. La dirección de cada estado presenta sus demandas para promover la accesibilidad, como producción de materiales de enseñanza o adquisición de recursos tecnológicos. También existe un programa que destina recursos financieros directamente a cada escuela, lo que puede apoyar al centro educativo en la adquisición de equipos y adecuación arquitectónica de los edificios, entre otras demandas.
Al mismo tiempo, es importante movilizar a la sociedad local – familias, universidades, movimientos sociales, comunidad educativa – a través de la realización de talleres sobre el tema, pues sólo cambiamos la realidad escolar si hay participación y si la escuela es democrática.
¿Además de crear leyes y proporcionar recursos para la expansión del enfoque inclusivo en el sistema educativo, usted considera que también son necesarios cambios en las prácticas cotidianas en las escuelas? Si es así, ¿por dónde deben comenzar estos cambios?
No hay duda de que la escuela tiene que ser un organismo vivo y que dialogue con su tiempo. La escuela contemporánea es aquella que favorece el protagonismo de las/os estudiantes en todos los sentidos. Ya no es una escuela que solo reproduce el contenido, es una escuela que crea y que discute el significado político de las experiencias. Para ser inclusiva, la escuela debe someterse a un cambio conceptual y abandonar las prácticas pedagógicas rígidas y homogeneizantes. Y cambiarlas por prácticas que valoren los saberes y conocimientos propios de la comunidad, de manera siempre atenta a las especificidades de las/os estudiantes y de las/os docentes. Una buena escuela para personas con discapacidad tiene que ser buena para las personas que no tienen discapacidades. Y viceversa.
La política de educación inclusiva en Brasil crece significativamente en la educación básica. ¿Por qué el avance es menor en otras etapas educativas como la educación superior y en la primera infancia?
En nuestro país, la oferta de educación pública a niñas y niños todavía cubre a una pequeña parte de la población en este rango de edad y, por lo tanto, proporcionalmente atiende menos personas con discapacidades. A medida que este nivel se convierte en una etapa de la educación obligatoria, comienza una nueva historia y así nos damos cuenta de lo mucho que todavía tenemos que hacer para ampliar la oferta de la educación pública en el país [Desde 2013, la matrícula de niñas y niños de 4 y 5 años es obligatoria en el país. Los estados y municipios deben adaptarse hasta fines de 2016 para garantizar matriculas a todas las personas de esta franja de edad en el sistema público].
El panorama de la educación superior es mucho peor porque en Brasil las universidades siempre han sido elitistas. Seguro que ha habido en los últimos años un aumento del acceso a las universidades públicas y privadas, así como de las personas con discapacidad. No obstante, para la mayoría de la población, llegar a la educación superior aún no está en su horizonte. Estamos viviendo un cambio de paradigma: los/as hijos/as de las clases trabajadoras se perciben sujetos de derechos. Observamos el crecimiento en el número de matrículas de personas con discapacidad en la educación superior cada año, pero sigue siendo poco. Sólo 15 universidades federales y 21 institutos federales establecieron cuotas para las personas con discapacidad como una política de acción afirmativa. Además, hay que crear condiciones para asegurar su participación y aprendizaje.
¿Hay un desafío específico en lo que toca a proporcionar educación inclusiva a las personas jóvenes y adultas?
Esta es una cuestión clave. Este público ha sido objeto de interés del “viejo imperio” de la segregación, de las instituciones filantrópicas que insisten en segregar y que están utilizando la Educación de Personas Jóvenes y Adultas para recibir fondos públicos a través de acuerdos con algunos sistemas escolares en el país. Estas instituciones religiosas, filantrópicas o privadas quieren mantener a las personas con discapacidad segregadas en una especie de asilo para hacer actividades manuales o actividades que no tienen nada que ver con la educación. Por otro lado, aún así ha aumentado el número de matrículas en el sistema regular porque ha aumentado su consciencia y la de sus familias de que la educación es un derecho.
Pese a los avances, aún se registran en Brasil y en varios países de América Latina y el Caribe situaciones en que las/os estudiantes con discapacidad o altas capacidades son rechazadas/os por instituciones públicas y privadas de manera encubierta, muchas veces argumentando que la escuela no está preparada para ofrecer lo que esta o este estudiante necesita. Desde su punto de vista, ¿qué acciones son necesarias para eliminar estas barreras en el acceso a la educación regular de este público?
Hay que penalizar a las instituciones y personas que discriminan. En Brasil, por ejemplo, el artículo 7 de la ley 12.764 determina la sanción que recibe la escuela como el gestor que cometió este acto de discriminación. Y la ley 13.146 convierte en crimen esta negativa. Tenemos que animar a las familias a que realmente denuncien estos casos porque son inaceptables. Las escuelas privadas, por ejemplo, son las que más adoptan esta postura de intimidación y desánimo frente a estas familias y estas/os estudiantes. Sin embargo, es deber de la escuela organizarse para garantizar el derecho a la educación.
¿Cuál es su opinión sobre la Agenda de Educación 2030 adoptada recientemente en lo que refiere a los compromisos para garantizar la educación inclusiva?
El mayor reto es unificar las agendas y abordar estas cuestiones de manera conjunta. Creo que incluso en Brasil “jerarquizamos derechos”. Sin embargo, cuando hablamos de inclusión escolar, nos referimos a la desigualdad educativa, tanto en lo que toca a la permanencia en la escuela como en las condiciones que se ofrecen en las zonas rurales y urbanas para acceder a la educación. Estamos hablando también de la población quilombola[1] y de la población indígena. Estamos hablando de personas con discapacidad y de lesbianas, travestis, homosexuales, transexuales que simplemente son rechazadas/os en la escuela. Estamos hablando de violencia y también de las y los jóvenes que a menudo son expulsadas/os del proceso educativo. Pero solemos tratar esos temas por separado.
Vivimos en una época sombría de nuestra historia. Crece en el país el movimiento que no quiere que las cuestiones de género sean discutidas en la escuela, como también el movimiento en defensa de la escuela en casa. ¿Y lo que se quiere con todo esto? Hay intereses ocultos del sistema privado y no podemos transigir. Tenemos que abordar estas temáticas (de discriminación) sin jerarquizarlas.
[1] Quilombos son grupos étnicos – predominantemente compuestos de la población rural o urbana negra – que se definen a partir de las relaciones específicas con la tierra, el parentesco, el territorio, la ascendencia, las tradiciones y prácticas culturales propias. (Fuente: Incra)
